Unos 200 millones de dólares diarios está perdiendo el sector logístico de Panamá debido a los bloqueos de vías, en medio de las protestas que ya llevan cuatro semanas en contra de un acuerdo de explotación minera firmado entre el Estado y una filial de la canadiense First Quantum Minerals.
Hugo Torrijos, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL) aseguró que las pérdidas acumuladas «son incalculables» ya que el cierre de las principales carreteras, incluida la Panamericana, que conecta con el resto de Centroamérica, impacta no sólo el flujo de mercancías para abastecer el mercado local, sino también a cientos de vehículos con carga regional que se han quedado varados.
«Estas pérdidas ya se están traduciendo en inestabilidad laboral, un aumento del desempleo, y la escasez de insumos», explicó el presidente de COEL el lunes, en rueda de prensa.
En 2015, el sector logístico contaba con 135.000 plazas de trabajo, a la fecha ha crecido un 30 %, lo que equivale a cerca de 200.000 empleos directos.
Este lunes First Quantum Minerals informó que había reducido el procesamiento de mineral en su yacimiento panameño, puesto que las protestas contra el proyecto estaban provocando bloqueos en un puerto.
El presidente de COEL reconoció que muchos grupos analizan la suspensión de contratos. “Es algo que está latente en la mesa, pero no se ha aprobado. Sin embargo, queremos evitar que esto ocurra porque de lo contrario habrá más pobreza y miseria para el país y no queremos esto”, alertó Torrijos.
Torrijos advirtió que las pérdidas no son sólo de naturaleza financiera, ya que también afectan la salud física, mental, y emocional de unos 4.5 millones de habitantes, ya que al menos cuatro panameños han fallecido en medio de las protestas, incluidas dos personas, que fueron atacadas a tiros por un hombre armado mientras participaban en un marcha encabezada por el sector docente en una vía de Panamá Oeste.
A todo eso se suma que la crisis afecta el perfil y la marca país, aseguró Torrijos, ya que Panamá es reconocido como un hub logístico a nivel mundial, y existe temor que tras la crisis actual haya fuga de usuarios.
«Lamentablemente se está viendo enormemente perjudicado por el cierre de las vías terrestres, que impiden el tránsito de la carga de importación, exportación de carga desde y hacia Centroamérica, así como también la carga que conecta vía aérea. Lo que tantos años nos ha costado conseguir, ese prestigio de la marca Panamá en el mundo, se está viniendo abajo», agregó.
Por su parte, Yira Poyser, presidenta de la Cámara Marítima de Panamá, dijo que los bloqueos de vías están afectando y amenazando la integración de todo el ecosistema logístico panameño que viene tratando de manejar la crisis hídrica en el Canal.
“La paralización en nuestro sector ha sido de doble impacto, porque nosotros ya tenemos que vernos a través de nuestro Canal de Panamá que está sufriendo una crisis hídrica, y no fue ahora que nos enteramos, ya habían muchos estudios que reportaban esto, y no nos preparamos para este momento”, señaló Poyser, en la misma rueda de prensa del lunes.
Agregó que el Canal de Panamá, siendo la mayor fuente de la economía y el pilar activo del país, está viviendo una disminución de tránsitos paulatinamente.
“Hasta que se habla de llegar a 18 tránsitos para nuestra temporada seca, por lo que el único que está dando la cara por el país para que esa carga no vaya a Colombia o a México es el sistema ferroviario y el sistema de transporte terrestre, y si ese pilar está siendo afectado o paralizado, ¿cuánto más estamos perdiendo como país?”, argumentó Poyser.
Mientras tanto, las protestas han ido en ascenso desde finales de octubre, luego de que el gobierno aprobara el contrato ley que otorga a Minera Panamá una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre, que representa, según la empresa, cerca del 5 % del Producto Interno Bruto del país.
En este momento, la población ha dejado en manos de la Corte Suprema de Justicia, la decisión final sobre el caso. Este órgano del Estado, ha admitido unas ocho demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato minero, pero mientras se cumplen los procesos de ley, los manifestantes han declarado una «vigilia permanente» a las afueras de la Corte, a la espera de los fallos.
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