El pasado mes de marzo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó una visita a los equipos profesionales que participan en la Liga femenina, a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol para recolectar documentación respecto al manejo que le han dado los clubes a la contratación laboral en el fútbol femenino.
Equipos como América, Santa Fe, La Equidad, Cortuluá, Huila y Nacional, entre otros, fueron inspeccionados ese día en extensas sesiones.
Se trató de una “larga pesquisa”, en la que a los clubes les pidieron datos de ingresos, egresos, estados financieros y balances. EL TIEMPO conoció la razón por la que la SIC hizo esa inspección casi de manera sorpresiva, en la que se incautaron celulares y computadores.
Lo que han determinado las autoridades es una posible cartelización de los equipos de fútbol, con los salarios de las jugadoras menores de 20 años.
Se advierte que a todas las jugadoras les pagan, independientemente del club en el que estén, el salario mínimo, que en el país es de 1’160.000 pesos y el auxilio de transporte es de 140.606 pesos.
Se trata de una práctica conocida como ‘cartelización’, que es un tipo de acuerdo anticompetitivo investigado por la SIC que consiste en un convenio o práctica concertada entre dos o más empresas que restrinjan o distorsionen la competencia.
La libre competencia económica puede vulnerarse a través de una serie de prácticas que limitan o impiden la competencia en los mercados.
Resolución de la SIC
América vs. Santa Fe final femenina
Ernesto Guzmán Jr. Efe
Este 20 de septiembre la SIC formuló pliego de cargos, en una resolución de 81 páginas, contra la mayoría de equipos, además de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), como sus presidnetes, Ramón Jesurún y Luis Fernando Jaramillo.
Los equipos investigados son Real Cartagena, Real Santander, Santa Fe, Patriotas, Pasto, Quindío, Tolima, Junior, DIM, Chicó, Bucaramanga, Magdalena, Fortaleza, Huila, Orsomarso, Pereira, Bogotá, Nacional, Millonarios, Deportivo Cali, Alianza, Envigado, Cortuluá, La Equidad, Cúcuta, América, Atlético FC, Once Caldas y LLaneros, además de la Dimayor y la FCF.
La resolución resuelve cuatro puntos. Primero, la coordinación para estandarizar un modelo contractual. «Los clubes habrían celebrado contratos teniendo en cuenta ese modelo».
Segundo: el acuerdo sobre el valor de los salarios: «Los clubes habrían fijado una tabla de salarios según la cual, de acuerdo a la categoría en la que encajara la jugadora, se determinarían los topes salariales».
Tercero: La renuencia a recibir fondos del Gobierno para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino. Los clubes se habrían negado a recibir dichos fondos, la razón: «que dichos fondos estarían sujetos a la vigilancia y auditoría de los entes de control».
Cuarto: tiene que ver con la suscripción del contrato con Win Sports para los derechos de televisión que «habría perjudicado el desarrollo del fútbol femenino… Se habría estipulado que únicamente se transmitiría un partido de la Liga que podría reemplazarse por otro partido, incluso de la liga masculina».
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