La Superintendencia de Industria y Comericio (SIC), hace algunas semanas, abrió investigación y formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y la mayoría de los equipos que desde el año 2017 han participado en la Liga femenina de fútbol por una posible ‘cartelización salarial’ en la contratación de las jugadoras.
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En la extensa Resolución, de 81 páginas, y con el número 56062 del 20 de septiembre de 2023, la entidad se motiva en una investigación de oficio de la SIC del pasado 23 de mayo en la que se “habría corroborado la hipótesis que sugiere que los agentes del mercado en cuestión habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia, desde el 2017 a la actualidad”.
El documento especifica que ese “sistema anticompetitivo” se habría compuesto por un conjunto de cuatro acciones “que habrían sido planeadas y ejecutadas por los investigados”.
Santa Fe, América y Nacional.
Continúa la investigación
Este jueves 5 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió una resolución, en donde piden las cédulas de los dirigentes fallecidos, Gabriel Camargo Salamanca – Deportes Tolima – y Édgar Jesús Paez Cortés – presidente de Tigres.
«La Delegatura continuará con la instrucción de la presente, la actuación administrativa
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012″, indicó.
Y agregó: «De conformidad con lo señalado en el numeral 11 de la Resolución No. 44684 de 2023, la cédula de ciudadanía de Gabriel Camargo Salamanca se encuentra actualmente ‘Cancelada por Muerte’”.
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Gabriel Camargo, presidente del Tolima.
La SIC pidió el certificado de defunción del dirigente fallecido del Deportes Tolima: «En virtud de los principios de buena fe, responsabilidad, transparencia, publicidad,
eficacia, economía y celeridad previstos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, se ordenará oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegue el certificado de defunción de Gabriel Camargo Salamanca, con
el fin de determinar la implicación que el fallecimiento del investigado tiene para la actuación administrativa que se adelanta en su contra».
Además, solicitó el certificado de defunción de Édgar Jesús Páez Cortés: «Se ordenará oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegue el certificado de defunción de Édgar Jesús Páez Cortés, con el fin de determinar la implicación que el fallecimiento del investigado tiene para la actuación administrativa que
se adelanta en su contra».
Édgar Páez, presidente de Tigres.
El caso
El pasado mes de marzo la Superintendencia de Industria y Comercio realizó una visita a los equipos profesionales que participan en la Liga femenina, a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol para recolectar documentación respecto al manejo que le han dado los clubes a la contratación laboral en el fútbol femenino.
Equipos como América, Santa Fe, La Equidad, Cortuluá, Huila y Nacional, entre otros, fueron inspeccionados ese día en extensas sesiones.
Se trató de una “larga pesquisa”, en la que a los clubes les pidieron datos de ingresos, egresos, estados financieros y balances. EL TIEMPO conoció la razón por la que la SIC hizo esa inspección casi de manera sorpresiva, en la que se incautaron celulares y computadores.
Liga Femenina, Ramón Jesurún y Fernando Jaramillo
Lo que han determinado las autoridades es una posible cartelización de los equipos de fútbol, con los salarios de las jugadoras menores de 20 años.
Se advierte que a todas las jugadoras les pagan, independientemente del club en el que estén, el salario mínimo, que en el país es de 1’160.000 pesos y el auxilio de transporte es de 140.606 pesos.
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Se trata de una práctica conocida como ‘cartelización’, que es un tipo de acuerdo anticompetitivo investigado por la SIC que consiste en un convenio o práctica concertada entre dos o más empresas que restrinjan o distorsionen la competencia.
La libre competencia económica puede vulnerarse a través de una serie de prácticas que limitan o impiden la competencia en los mercados.
Juan Rueda. EL TIEMPO
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