El Departamento de Justicia abrió el miércoles su primer proceso por préstamos hipotecarios abusivos contra una inmobiliaria de Texas acusada de atraer a decenas de miles de compradores de vivienda hispanos hacia ventas engañosas.
La demanda se centra en Colony Ridge, un desarrollo al noreste de Houston que promete la compra de viviendas con anuncios en español, pero luego enfila a los solicitantes a la compra de propiedades sin servicios básicos con préstamos que no siempre pueden pagar, alegó el Departamento de Justicia. Según la demanda, la inmobiliaria utiliza tácticas de venta de alta presión que explotan el limitado dominio del inglés.
“El impacto de este plan ilegal, discriminatorio y fraudulento es devastador”, declaró la subsecretaria de Justicia Kristen Clarke, quien supervisa la división de derechos civiles de la dependencia. Muchos compradores descubrieron que los terrenos carecían de servicios básicos o eran propensos a inundarse con la lluvia y las aguas residuales.
El director general de Colony Ridge, John Harris, dijo en un comunicado que la demanda es “infundada y a la vez escandalosa e incendiaria”.
“Nuestro negocio prospera gracias a las recomendaciones de los clientes, porque los propietarios están contentos y pueden experimentar el sueño americano de tener una propiedad”, afirmó. “Prestamos a quienes no tienen oportunidad de obtener un préstamo de nadie más y estamos orgullosos de la relación que hemos desarrollado con los clientes”.
El promotor inmobiliario de Colony Ridge, Trey Harris, ha reconocido anteriormente a The Associated Press que su empresa concede préstamos a los clientes a tasas de interés más altas de lo habitual, pero dijo que los bancos no conceden esos préstamos. Negó que la inmobiliaria fuera responsable de los problemas de inundaciones en la zona.
El proyecto inmobiliario es hogar de más de 40.000 personas y su huella geográfica es casi del tamaño de Washington DC. Ha crecido rápidamente, en parte gracias a la publicidad en TikTok y a préstamos que no requerían verificación de crédito y sólo exigían un pequeño depósito. Pero esos préstamos tenían altas tasas de interés, y la compañía no verificaba que los clientes pudieran pagarlos, dijeron las autoridades. Entre 2019 y 2022, Colony Ridge inició ejecuciones hipotecarias en al menos el 30% de sus lotes financiados por el vendedor en un plazo de tres años, según el Departamento de Justicia.
“En realidad, la ejecución hipotecaria forma parte del negocio de Colony Ridge. Cuando una familia se retrasa en los pagos y pierde su propiedad, Colony Ridge la recompra y la vende a otro comprador, a menudo a un precio más alto”, dijo Rohit Chopra, director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB, por sus siglas en inglés).
En los últimos meses, el desarrollo inmobiliario atrajo la atención nacional cuando los medios de comunicación conservadores y los activistas del Partido Republicano afirmaron sin fundamento que era un imán para los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, y que los cárteles controlan algunas zonas del vecindario. No había pruebas que sustentaran tales afirmaciones, y los residentes, las autoridades locales y la empresa inmobiliaria rebatieron esas acusaciones.
La nueva demanda del Departamento de Justicia, por su parte, alega discriminación ilegal y solicita sanciones civiles no especificadas, así como indemnizaciones para los clientes. Una mujer utilizó los ingresos de la venta de la casa de su madre para comprar una vivienda en Colony Ridge, pero se encontró con que tendría que invertir mucho más en infraestructura básica. Durante las fuertes lluvias, la propiedad se inunda tanto que ella no puede entrar ni salir del vecindario, dijo Clarke. El caso también forma parte del trabajo del departamento para luchar contra una práctica ilegal en la que los prestamistas evitan conceder créditos a las personas por su raza, color u origen nacional.
“Colony Ridge se propuso explotar algo tan antiguo como Estados Unidos: el sueño de un migrante de poseer una vivienda”, declaró Alamdar Hamdani, fiscal federal para el distrito sur de Texas. Sus prácticas “a menudo terminaban con familias que enfrentaron la ruina económica, sin casa y con sueños rotos.”
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