La policía federal de Brasil buscó el jueves confiscar el pasaporte del expresidente Jair Bolsonaro y arrestar a algunos de sus colaboradores más cercanos, dijeron fuentes, como parte de una investigación sobre un presunto intento de golpe de Estado después de que perdió las elecciones de 2022.
La operación refleja cómo se cierra la red alrededor de Bolsonaro, su familia y algunos de sus aliados más poderosos por acciones antes y después de su fallido intento de reelección.
La confiscación de su pasaporte será especialmente preocupante para el expresidente, un líder de extrema derecha que se presentó como una versión brasileña del exmandatario estadounidense Donald Trump.
Una fuente de la policía federal directamente involucrada en la operación del jueves dijo que los pasaportes incautados pueden indicar la posibilidad de futuros arrestos, obligando a los sospechosos a permanecer en Brasil para enfrentar cualquier cargo.
Bolsonaro ya ha sido imposibilitado de ejercer cargos públicos hasta 2030 por difundir falsedades electorales y enfrenta varias investigaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel. Ha negado haber cometido delito alguno y afirma que las investigaciones tienen motivaciones políticas.
La semana pasada, en otra señal de los crecientes problemas legales de Bolsonaro, la policía federal registró propiedades vinculadas a su hijo Carlos. El concejal de Río de Janeiro, que ha negado haber cometido delito alguno, es sospechoso de utilizar datos recogidos ilegalmente por la agencia de espionaje Abin para atacar a los rivales de su padre.
La policía visitó la casa de Bolsonaro en la playa el jueves y le dijo que entregara su pasaporte, comentaron tres fuentes, que pidieron el anonimato para hablar de una operación activa. El expresidente cumplirá con la orden, dijo el portavoz de la familia Bolsonaro, Fabio Wajngarten, en las redes sociales.
En un comunicado el jueves, la policía federal no nombró a los objetivos de la operación, pero dijo que están acusados de participar en «una organización criminal que actuó en un intento de golpe de Estado» destinado a «mantener al entonces Presidente de la República en el poder».
Las fuentes indicaron que también se emitieron órdenes de registro de propiedades vinculadas a Walter Braga Netto, excompañero de fórmula de Bolsonaro; Augusto Heleno, su exasesor de seguridad nacional; el exministro de Defensa Paulo Nogueira Batista y el exministro de Justicia Anderson Torres, entre otros.
El exasesor de asuntos internacionales de Bolsonaro, Felipe Martins, es una de las cuatro personas que están en la mira con órdenes de arresto, dijeron las fuentes.
Reuters intentó ponerse en contacto con los objetivos de la operación policial y sus abogados, pero no recibió respuesta.
La policía dijo en su declaración que los objetivos de la operación del jueves formaron un grupo en 2022 difundiendo denuncias de fraude electoral «incluso antes de que las elecciones tuvieran lugar» para «legitimar una intervención militar».
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotó a Bolsonaro en las elecciones de 2022, dijo que el intento de golpe tenía que ser investigado para evitar que vuelva se repitiera. «Sin Bolsonaro no habría habido intento de golpe», señaló en una entrevista radial.
Una semana después de que Lula asumió el cargo en enero de 2023, partidarios de Bolsonaro -que se habían reunido durante días frente al cuartel general del Ejército- invadieron y destrozaron edificios gubernamentales en Brasilia, pidiendo una toma del poder por parte de los militares.
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