Este lunes, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1085 de 2023, con el cual se declaró la emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. Como la acción fue sobre el texto que declarara el estado de excepción mismo, esto significa que todos los decretos en el marco de esta declaratoria quedan sin sustento jurídico.
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En pocas palabras, se hundieron. Aunque la Corte hizo la salvedad de que aquellos relacionados con el servicio de agua potable y saneamiento básico tendrán un año de vigencia, que cuenta desde que se emitió la emergencia económica y social, el 2 de julio de 2023.
La decisión, además de ser un duro golpe al Presidente, que tuvo como una de sus grandes apuestas la emergencia, también deja el balón en el terreno del Congreso. El alto tribunal fue claro en el comunicado que debe ser la vía legislativa por la que se deben tramitar los planes que tiene el primer mandatario sobre La Guajira.
Gustavo Petro en la Corte Constitucional
Mauricio Moreno. EL TIEMPO
“Exhortar al Gobierno y al Congreso para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira”, reza el comunicado del alto tribunal.
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En ese mismo texto, la Corte extendió ese pedido a que se “fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden”.
Además de lo dicho por el tribunal, exmagistrados, como Alfredo Beltrán, compartieron la tesis de que la última palabra la tiene el Congreso. Este recordó que la Constitución le da la potestad al Congreso para modificar o prolongar los efectos de los decretos con fuerza de ley en el marco de una emergencia económica y social.
En este caso, los únicos decretos que siguen en vigencia son los relacionados con el tema de agua potable y saneamiento. Por eso, en este periodo de año de gracia que dio el tribunal al Gobierno, se puede tramitar un proyecto que deje en firme los textos antes del 2 de julio de 2024.
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Precisamente el primer mandatario había hecho la solicitud de que el Congreso consagrara el Instituto de Aguas para la Guajira en la ley colombiana. No está claro si el pedido fue anticipándose al fallo que se conoció este lunes.
Además, el Congreso también puede tramitar como proyectos de ley los decretos que se hundieron. Por iniciativa de los congresistas o del Ejecutivo se pueden presentarlos como proyectos de ley con los mismos objetivos y que Senado y Cámara los tramiten.
Sin embargo, en ambos casos, el Gobierno tiene que jugar con un Congreso que no le es afín. Uno de los objetivos de la emergencia económica y social en La Guajira era saltarse el trámite Legislativo, que no ha sido tan fácil a la administración Petro.
La Guajira – Gustavo Petro
Vanexa Romero. EL TIEMPO – Presidencia
Aunque hay una orden desde hace varios años por trabajar por La Guajira, consignada en la Sentencia T-302 de 2017 –que establece un Estado de Cosas Inconstitucional en el departamento-, las gestiones en el Congreso han sido lentas.
Además, en esta ocasión, varios sectores de oposición habían expresado sus reparos a los decretos de la emergencia, por lo que es muy probable que el ambiente en el Legislativo no sea el más favorable para las propuestas del Gobierno frente al departamento peninsular.
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El Congreso tendrá la última palabra, si el Ejecutivo decide tramitar como proyectos de ley lo consignado en los decretos. Sin una favorabilidad clara, se vuelve a poner a prueba la posibilidad del Ejecutivo de sacar adelante sus proyectos en el Congreso.
Puede que una causa como La Guajira vuelva a recomponer algunas relaciones rotas. Sin embargo, no es claro ante tantos mensajes que celebraron el hundimiento de la emergencia y ante algunas posturas que no tienen amplia favorabilidad.
