Este lunes se publicó el decreto 308 del 2023 por el cual se designan a los representantes del Gobierno en cada una de las instancias que componen el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese del fuego con el Eln, el cual está vigente desde el 3 de agosto.
El mecanismo de monitoreo y verificación está conformado por 32 instancias —una de carácter nacional, nueve regionales y 22 locales— y por miembros del Gobierno (incluye la Fuerza Pública y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Eln, la Iglesia y la ONU.
La sede principal del mecanismo se encuentra en Bogotá, mientras que las oficinas regionales en Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó -la única que no se ha instalado-, Valledupar y, por último, en Soacha.
El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro establece que el mecanismo lo componen, en su instancia nacional, el almirante (R) Orlando Romero Reyes; Álvaro
Jiménez Millán; los coroneles Alexander Castillo y Lurangeli Franco Rodríguez; el mayor Juan Carlos Carreño; el capitan Edwin Aicardo Pérez; el intendente William Fernando Hernández; el subintendente Jorge Hernando Zamudio; y los patrulleros Stephanie Moreno Díaz, Diana Marcela Roldán y Wilder Jair Morales Avella.
Varios de estos nombres ya habían sido anunciados meses atrás cuando se instaló el mecanismo, sin embargo, falta el decreto que los oficializará.
En la instancia regional, aparecen los nombres de los mayores Rafael Bernal, Edwin Alexánder lópez Pulido, Carlos Andrés Almanza Oliverso, Luz Marystella Chacón de la Rosa, Jaime Vanegas Torres, Edgar Alejandro Moreno y Osear Enrique Bernal Martínez; y el capitán Jairo Fabián Rodríguez Martínez.
De este mecanismo también hacen parte monseñor Darío de Jesús Monsalve y monseñor Ómar Sánchez, en representación de la Conferencia Episcopal de Colombia. Asimismo, miembros de la Misión de Verificación de la ONU.
Ligado a este mecanismo estará la veeduría social —integrada por personas y organizaciones del territorio—, cuya función es, en términos simples, alimentar a las instancias locales con “información verificable y objetiva” sobre violaciones a la tregua, y también reportar aquella que puede prevenir incidentes.
REDACCIÓN POLÍTICA
