Este lunes, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1085 de 2023, con el cual se declaró la emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. Como la acción fue sobre el texto que declarara el estado de excepción mismo, esto también significa que tampoco tienen validez los decretos emitidos.
Sin embargo, el alto tribunal hizo una excepción y fue el relacionado con el tema del agua. A estos les dio un plazo de un año para aquellos “respecto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”.
De esta manera se hundirían todos los decretos, excepto el 1250 de 2023, en el que se establecen las directrices para la gestión del recurso hídrico en La Guajira. Este fue el que sirvió de sustento para la creación del instituto de aguas de dicho departamento, entidad que fue creada hace tres días con otro decreto del primer mandatario.
El resto de decretos perderían validez, pues no están en el marco de los efectos diferidos establecidos por la Corte Constitucional. Esto significa que otros textos, como el que busca hacer modificaciones al sistema de salud guajiro, calificado de una especie de reforma de la salud por decreto, pierden toda validez.
De igual manera, también se revocan de inmediato los efectos relacionados con la sobretasa a la energía para garantizar la transición energética. Se trata del decreto 1276, «Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira».
