La subcomisión para la reforma de la salud terminó la semana pasada y hubo muchos temas que quedaron en el aire y sin conciliación. Ante dicha situación, representantes de centro se unieron para presentar una propuesta propia.
Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho, Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Cristian Avendaño, Alejandro García y Juan Sebastián Gómez fueron los autores de lo que han denominado “propuesta integral de reforma a la salud”.
La razón de la presentación de esta iniciativa fue debido a que señalan que aún quedan pendientes y se mantienen las preocupaciones frente al texto del Gobierno. “Lastimosamente, no llegamos a un acuerdo frente a los temas gruesos y más preocupantes de la reforma”, expresaron los autores de la propuesta.
Las reservas serían en la línea de que no hay ningún actor que asuma la responsabilidad total del aseguramiento, sino que este se diluye en distintos sectores.
En ese mismo sentido llamaron la atención debido a la falta de claridad en la gestión del riesgo financiero, “lo que podría representar un riesgo en las finanzas del Estados”. En esa misma senda comentaron que hay preocupaciones sobre los actores que ejercerán la vigilancia y el control.
Otra de las reservas es de dónde va a salir la plata para la reforma y sus costos. De igual manera cuestionaron el periodo de transición, muy corto en su opinión, y las cargas que tomará la Nueva EPS.
De acuerdo con los representantes, la propuesta presentada recoge los principales elementos de la reforma del Gobierno, como el fin de la intermediación financiera de las EPS y de la integración vertical, el énfasis en la salud preventiva y la atención hasta en las regiones más apartadas.
Entre los cambios al texto de Gobierno se busca que las EPS, transformadas en Gestoras de Salud y Vida, sean las que asuman la gestión del riesgo en salud y operativo. Esto significa que estas entidades “sean responsables de la afiliación, la representación del usuario en los distintos niveles del sistema, la asignación de sus afiliados a los Centros de Atención Primaria en Salud, la conformación de las redes integrales e integradas de servicios y la auditoría de cuentas y facturas”.
La propuesta mantiene que sea la ADRES haga el giro directo y que estos recursos no pasen por las EPS. Sin embargo, la propuesta busca que las gestoras reciban un 5 por ciento per cápita por usuario y que existan incentivos a la buena gestión “que pueden ir desde un -1,5% para quienes no cumplan y hasta un 3% adicional para quienes hagan bien su tarea”.
La propuesta de los de centro busca eliminar del proyecto principal que los CAPS (Centros de Atención Prioritaria en Salud) asuman el riesgo en salud, que incluye la afiliación, caracterización poblacional y la conformación de redes de salud.
Como una de las preocupaciones es la sostenibilidad financiera del sistema, la propuesta busca que se dé más tiempo para hacer un análisis detallado de los tiempos de aplicación y costos.
“Consideramos que esta propuesta que le presentamos al país, en víspera al trámite ante la Cámara de Representantes, es integral y conciliadora. No nos mueve otro objetivo que construir una Reforma a la Salud que mejore notablemente nuestro sistema”, concluyeron los representantes.
