Aunque en la plenaria de la Cámara de Representantes están votando la polémica reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, y ya van más de 35 artículos aprobados, Colombia no sabe cuánta plata le costará al país esta iniciativa.
La representante de la Alianza Verde Martha Alfonso, quien es una de las ponentes de la iniciativa, reconoció en la tarde de este lunes 9 de octubre, durante el inicio del segundo debate del proyecto, que “la reforma no tiene un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera”.
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Y aunque más tarde dijo en su cuenta de la red social X que sí hay estudios financieros, lo cierto es que no hay viabilidad fiscal tras las modificaciones que se le hizo al proyecto en su primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.
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Que irresponsabilidad de ponentes Reforma Salud, decir que no requiere concepto de viabilidad fiscal a pesar de comprometer recursos billonarios por parte de @MinHacienda
Además proponen sistema de salud sin infraestructura y talento humano para cumplir la propuesta del gobierno. pic.twitter.com/FMNpKpAtF4— Victor Manuel Salcedo (@Victormsalcedog) October 10, 2023
El 5 de mayo, el Ministerio de Hacienda respondió un derecho de petición a la representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, sobre la viabilidad fiscal y dijeron en ese momento que «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra realizando el estudio de impacto fiscal a las modificaciones introducidas en el citado informe de ponencia y su enmienda, y una vez cuente con el respectivo estudio, se consolidará la posición de este Ministerio frente al particular».
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No obstante, dicho estudio aún no se conoce, por lo que se está yendo en contravía del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el cual indica que «en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo».
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el debate de la reforma de salud.
César melgarejo. EL TIEMPO
La norma añade que «para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo».
Esto podría traducirse en un vicio de procedimiento y varios congresistas ya han elevado sus preocupaciones porque de aprobarse la ley y ante ante una eventual revisión de la Corte Constitucional podría caerse.
«¿Qué tal esto? Reforma a la salud, tendrá gastos directos que van desde 5,4 billones en 2024 hasta 12,78 billones en 2033 (cifras confirmadas por el mismo Gobierno) y aún así, salen a decir que no se necesita un concepto de viabilidad financiera del ministerio de hacienda», dijo el senador Jota Pe Hernández.
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El representante Alfredo Mondragón, ponente del proyecto.
César Melgarejo. EL TIEMPO
«Francamente no entiendo como se puede decir que no requiere viabilidad financiera. Como se ha discutido desde el inicio, la reforma tiene unos costos fiscales adicionales, que incluso en una primera etapa calculo en 113 billones de pesos adicionales en diez años», advirtió, por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
De hecho, la Corte Constitucional en la Sentencia C-075 de 2022 declaró inexequible la Ley 2075 de 2021 porque no contó con la viabilidad fiscal.
«Tras reiterar sus reglas jurisprudenciales en cuanto al alcance de la mencionada obligación frente a proyectos de ley de iniciativa de los congresistas, la Sala constató que, durante el proceso de formación de la Ley 2075 de 2021, el Congreso incumplió su deber de evaluar, tan siquiera someramente, el impacto fiscal de las medidas que ciertamente ordenaban gastos, al aumentar los honorarios de los concejales y reconocer a su favor el pago de sus aportes a seguridad social con cargo a los presupuestos municipales. Sin pretender que se llevara a cabo un estudio exhaustivo y riguroso del impacto fiscal, al Legislador sí le era exigible que en el trámite se suscitara al menos una mínima consideración que le permitiese establecer los referentes básicos para para dimensionar los efectos fiscales que traía consigo el proyecto de ley», argumentó el alto tribunal.
Fachadas Congreso de la República. Bogota 6 de febrero del 2023 FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET
MAURICIO MORENO EL TIEMPO
Pero este no sería el único vicio de trámite del proyecto. Desde el momento cuando fue radicada la iniciativa, en febrero del 2023, se habló de vicios de trámite porque al tratarse de una ley que toca un derecho fundamental -la salud- debe ser de carácter estatutario y no ordinario, como se está tramitando.
Precisamente, el artículo 152 de la Constitución Política establece que los derechos fundamentales y deberes de las personas deben ser regulados a través de leyes estatutarias, de las cuales se encargan las comisiones I.
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El exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, le explicó a EL TIEMPO que si bien todos los artículos de la iniciativa no son estatutarios, algunos aspectos sí.
“Me parece una equivocación del Gobierno que, frente a la duda, se arriesgue a que se apruebe una ley ordinaria y que después la Corte Constitucional la declare inexequible cuando se trata simplemente de esperar un mes para arrancar las sesiones del 16 de marzo”, dijo el columnista de este diario.
Y anticipó que la ley será demandada si es aprobada. “Si continúan dándole ese trámite de ley ordinaria corren el riesgo de que le tumben toda la reforma cuando es cuestión solo de esperar un mes y presentarla como ley estatutaria”.
Pero el Gobierno insistió en que se trataba de un trámite ordinario y así se ha venido desarrollando. En parte, porque el trámite es más sencillo, pues se requiere mayoría simple y en las comisiones VII el panorama es más favorable para el Gobierno, contrario a lo que pasaría si la discusión se llevara a cabo en las comisiones primeras.
Será, entonces, la Corte Constitucional la que tenga la última palabra, pues varios congresistas anticiparon que si la reforma es aprobada la demandarán.
MATEO GARCÍA
REDACCIÓN POLÍTICA
