La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este miércoles alegatos sobre la prioridad de una ley federal que garantiza el acceso a cuidados de emergencia sobre los restrictivos estatutos que rigen el aborto en el estado de Idaho, un caso que divide a los jueces y podría significar un antes y un después para el ya comprometido panorama de salud reproductiva en el país.
El Supremo estadounidense, con un 6-3 de mayoría conservadora, deliberará sobre la apelación a un veredicto de una corte estatal en los casos Idaho y Moyle vs EEUU, que determinó que el alcance de la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA) era mayor que las limitaciones a las interrupciones de embarazo en ese territorio, entre las más duras del país.
Esta es la primera vez que la Corte Suprema decidirá sobre regulaciones territoriales sobre el aborto, después de revocar medio siglo de garantía federal al acceso a estos procedimientos en 2022, y dejar el asunto en manos de cada estado. En algunos de ellos, como Idaho, entraron en vigor automáticamente leyes que limitan el acceso legal a este procedimiento.
Según expertos médicos, puede ser necesario interrumpir un embarazo para abordar numerosas afecciones que podrían provocar convulsiones, accidentes cerebrovasculares, daños a órganos o la pérdida del útero, con la consiguiente imposibilidad de otro embarazo. En Idaho solo se permite si hay peligro inminente de muerte.
Sin consenso
«Idaho tiene una de las prohibiciones de aborto más estrictas del país, que prohíbe casi todos los abortos con la increíblemente estrecha excepción de aquellos necesarios para evitar la muerte de una persona embarazada», dijo a la prensa la presidenta del Centro Nacional de los Derechos de la Mujer (NWLC, en inglés), Fatima Gross Graves, poco después del fin de la sesión.
Gross Graves explicó que «la Administración Biden demandó a Idaho en agosto de 2022, argumentando que, en la medida en que la prohibición extrema del aborto del estado entra en conflicto EMTALA, esta era anulada por la ley federal».
Durante la audiencia, los abogados del estado de Idaho y el equipo de la Fiscalía General estadounidense ofrecieron sus argumentos y presentaron casos de personas afectadas. Las intervenciones de los magistrados demostraron la falta de consenso dentro de la Corte.
Algunos jueces de la mayoría conservadora interrogaron a la Fiscal General Elizabeth Prelogar, al frente del equipo legal del Estado, sobre el lenguaje legal de la ley sobre los «niños no nacidos» y si EMTALA incluía el aborto en ciertos casos de emergencia.
En este caso, Prelogar insistió que la razón de ser de EMTALA es garantizar el cuidado de emergencia necesario para estabilizar o salvar la vida de un paciente.
«Idaho no puede criminalizar la atención esencial que requiere EMTALA», añadió la abogada, al mencionar que muchos pacientes han tenido que ser trasladados fuera de las fronteras estatales para recibir tratamiento vital.
Jueces liberales como Elena Kagan presionaron al defensor de Idaho, Joshua Turner, para que explicara la razón por la que las regulaciones territoriales permiten abortos para salvar la vida, pero no para evitar una incapacitación o amenazas al bienestar.
«En casos raros, hay un número significativo en el que la mujer… su vida no está en peligro pero va a perder sus órganos reproductivos, va a perder la capacidad de tener hijos en el futuro, a menos que se haga un aborto. (…) «Idaho dice: ‘Lo siento, no hay aborto aquí’, y el resultado es que estos pacientes ahora son trasladados en helicóptero fuera del estado», destacó Kagan.
Como respuesta, Turner calificó de «difíciles» estas situaciones, que plantean «cuestiones médicas difíciles que implican cuestiones profundamente teológicas y morales».
Para quienes luchan por los derechos reproductivos en el país, no hay dudas. «Dejé la sesión de hoy con aún mayor claridad: el único resultado razonable en este caso es que el Tribunal diga que esta ley extrema (de Idaho) ha llegado demasiado lejos. Toda persona que experimente una emergencia sanitaria debería poder recibir la atención que necesita, incluido un aborto, sin demora y sin interferencias políticas», aseguró Fatima Gross Graves.
Un veredicto crucial
Los activistas también han sonado las alarmas sobre lo que está en juego en este caso, que podría servir como precedente para que otros estados con restricciones similares legalicen la prohibición a abortos de emergencia.
«Si la Corte Suprema se pusiera del lado de la ley extrema de Idaho, significaría excluir a las personas embarazadas del derecho al tratamiento de afecciones médicas de emergencia, algo que el Congreso garantizó hace tanto tiempo», remarcó la presidenta del NWLC.
Según la Constitución, las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales, pero la decisión del Supremo de detener temporalmente el veredicto de la corte menor que afianzaba el alcance de EMTALA, es un signo para los analistas de que este no es al parecer un caso fácil, debido a las implicaciones políticas en un ambiente polarizado como el que vive EEUU.
«No hay duda de que este debería ser un caso abierto y cerrado. Es muy sencillo», dijo por su parte Alexis McGill Johnson, presidenta de la oenegé Planned Parenthood.
De acuerdo con McGill Johnson, «no hay razón para que una paciente que necesita atención de aborto de emergencia deba ser una excepción a la regla».
«Sin embargo, hoy escuchamos al tribunal analizar si la ley federal de larga data se aplica a pacientes que enfrentan consecuencias potencialmente mortales debido a complicaciones relacionadas con el embarazo. Si el tribunal se pone del lado del estado de Idaho, no tenemos que imaginar cuán devastadoras serán las consecuencias», advirtió.
La decisión de la Corte Suprema, que también delibera sobre la legalidad de los abortos farmacológicos, llegará entre fines de junio o principios de julio.
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